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Dos años y medio en prisión, cargando con cinco procesos judiciales y enfrentando nueve delitos fabricados. Así ha sido la odisea de Rogelio Franco, quien pronto podrá abandonar la cárcel en la que nunca debió estar.

El caso inició con acusaciones infundadas por ultrajes a la autoridad, un delito desempolvado para castigarlo. Sin embargo, el correr de los días y las presiones de medios, familiares y abogados, han llevado a su inminente liberación.

Desde su violento arresto, portando incluso un amparo que respaldaba su inocencia, hasta su traslado a un penal lejano sin ser acusado de un delito grave, las irregularidades en el caso de este ex líder nacional del PRD son evidentes.

En una reciente audiencia, se revocó la prisión preventiva justificada por violencia familiar, estableciendo cuatro medidas cautelares. Desde un principio, ninguno de los delitos imputados era de gravedad, por lo que Franco Castán debió haber enfrentado su proceso en libertad.

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El tiempo tras las rejas ha sido una constante acumulación de acusaciones infundadas, aplazamientos interminables en las audiencias y un desgaste físico y mental insoportable. Incluso se le imputó el delito de retención de un menor, una acusación absurda y carente de sustento.

La lucha por la libertad de Rogelio Franco ha estado marcada por traiciones, desde su detención hasta la defensa llevada a cabo por su suplente en la Cámara de Diputados. Ahora, la incógnita recae en si el diputado suplente y aparente abogado defensor renunciará a su cargo o continuará perpetuando la injusticia.

El PRD ha salido en su defensa, señalando que Franco enfrenta no solo a la Fiscalía General del Estado, sino también al aparato político que impone su criterio en el Poder Judicial. Su defensa ha obtenido todos los amparos de la justicia federal, evidenciando la falta de fundamentos en las acusaciones estatales.

Familiares, amigos y correligionarios coinciden en que Rogelio Franco es víctima de un proceso amañado, catalogándolo como un preso político. Las movilizaciones en su favor han puesto de manifiesto el uso selectivo de leyes y normas en su contra, como la denominada «Ley Rogelio Franco», término que acuñé el 18 de marzo de 2021. Y es que a mi me intentaron imputar el mísmo delito unos días antes, como si estuvieran «practicando» como aplicarlo, solo que gracias a la oportuna y sapiente intervención de mi abogado y amigo, el Licenciado Andrés Espinoza Barradas, la fiscalía tuvo que dejarme en libertad al no poder sustentar los delitos que me prentendían achacar.

En mi humilde opinión, pienso que  ha llegado el momento en el que los delitos fabricados no pueden retener en la cárcel a Rogelio Franco. La justicia debe redimirse y demostrar que el poder judicial no está subordinado al ejecutivo estatal, evitando así la consolidación de la idea de presos políticos en México.

Ley ROGELIO FRANCO afectará a la POBLACIÓN CIVÍL.
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