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Por Ángel Álvaro Peña

Yolli García Álvarez, comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), anunció que serán denunciados los titulares de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del estado de Veracruz, debido a que no han cumplido con el deber legal de entregar información solicitada por un particular.

Los aludidos tienen hasta el 25 de noviembre para entregar los convenios de publicidad que realizó con los diversos medios de comunicación de 2011 a la fecha.

Si recordamos, los titulares de esta dependencia en ese lapso fueron: María Gina Domínguez Colio, Juan Octavio Pavón, Alberto Silva Ramos e Irma Chesty.

Los presupuestos tenían una flexibilidad poco común y alcanzaron cifras sin precedente en este periodo.

Hasta la fecha se calcula que la fortuna que posee Alberto Silva Ramos, ha sido extraída de ese presupuesto y de los entregados cuando fue presidente municipal de Tuxpan.

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Hijo de un coronel, en aquel entonces, y llegó a general del Ejército mexicano, Alberto Silva nunca aprendió la rectitud y la honestidad de su padre, sino que se dio a la tarea de conocer las maneras de hacer que los latrocinios en la administración pública fueran discretos, pero no imposibles de detectar.

En caso de que no entreguen los ex coordinadores de Comunicación Social, lo que se les ordenó, podrán abrir un incidente de ejecución de sentencia para obligarlos al cumplimiento de la determinación que instruyó el IVAI.

De no acatarlo, entonces podrán imponer sanciones que en este caso serían de una multa, pero se tendría que dar vista a los superiores jerárquicos, para que se inicie el procedimiento por la falta del cumplimiento de la determinación y por la entrega de la información solicitada, con la cual se pondría la soga al cuello no sólo Silva Ramos sino sus antecesores y sucesores.

Una vez dadas a conocer las facturas a los diferentes medios podrá procederse penalmente, se presume que muchos de esos medios no existen y otros son propiedad de los propios titulares de Comunicación Social, que ellos mismos autorizaban para su inmediato pago.

Estas vistas podrían darse no sólo al jefe del área o al contralor de la dependencia, sino incluso a la Fiscalía General del Estado, por el incumplimiento de un deber legal, con la finalidad que se siga un procedimiento penal.

Se ha solicitado a detalle documentación donde se encuentran los convenios de publicidad oficial del poder ejecutivo del 2015, desglosando la información si son nacionales, internacionales, sentido de los convenios entre otros.

Existe otra solicitud que vence en enero, donde pide información relativa a los convenios en radio, televisión, revistas, periódicos y páginas electrónicas del 2011-12-13-14-15 y hasta el 2016.

De no entregarse la información se dará cuenta a la Contraloría, para que inicie el procedimiento contra quien resulte responsable, esta tarea recaería en el próximo titular del área Elías Assad, designado por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

García Álvarez, refirió que se tenía un acuerdo donde se reservaba esta información, “pero en ese acuerdo de reserva existe una implicación explicita, debido a que tan tienen esa información que decidieron reservarla, por lo que no podrían alegar que no la tienen en su poder porque ya aceptaron que la tienen y que es reservada”, concluyó.

Luego de la intervención de cuentas de Tarek Abdalá por la investigación de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora la PGR va por el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Alberto Silva Ramos, con todo y su fuero como diputado federal.

Además, Silva Ramos como Coordinador de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, presuntamente operaba 20 diarios en línea, mediante los cuales se pagaba contratos millonarios directamente de las finanzas de la entidad y en combinación con otras áreas del gobierno de Javier Duarte.

Algunos medios denuncian que Silva Ramos les pedía una comisión a los medios favorecidos con sus beneficios de publicidad, que no bajaban del 20 por ciento.

Fue además expuesto el entramado de corrupción que identificó los trabajos de Alberto Silva, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social, como en la Coordinación General de Comunicación Social.

El actual diputado federal es investigado por el Servicio de Administración Tributaria por el desvío de más de 500 millones de pesos en publicidad a través de empresas fantasma.

Pero su partido deberá permitir los cauces legales que le permitan a la autoridad investigar y, sobre todo, actuar en consecuencia con el retiro del fuero. Actitud que deberá llevar a cabo sin duda el PRI estatal y nacional si en realidad quiere que haya orden en Veracruz y el desprestigio del ex gobernador priísta no afecte las elecciones del próximo año en Nayarit, Estado de México y Coahuila, además de la renovación de poderes en los 212 Municipios.

Pero, sobre todo, al PRI le interesa llegar limpio a la confrontación electoral de 2018, y para lograrlo deberá abrir las puertas para que Silva Ramos sea desaforado, investigado, interrogado y encarceladoEsta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

 

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