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ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña

  • Los servidores públicos tienen una norma propia que les impide ser encarcelados.

El castigo para quienes se comprometieron trabajar con honestidad, es el despido únicamente. Luego viene la inhabilitación, y en algunos casos, la sanción monetaria, luego la prisión y su correspondiente libertad bajo fianza.

Los montos de las multas de los servidores públicos por su desaseo administrativo suelen ser inferiores a la cantidad por la que se les acusa de desviar, tomar o simplemente robar, que sería el término más correcto, de tal manera que el negocio funcionó, aunque con la leve merma del castigo, que finalmente no les hace nada, porque estamos hablando de cientos o miles de millones de pesos.

Son pocos los políticos que llegan a pisar la cárcel luego de ese largo recorrido de coartadas legaloides, previstas por otros funcionarios públicos, quienes prevén algún descalabro propio y allanan el camino de otros hacia su libertad.

La impunidad en los servidores públicos va más allá del castigo. Las multas son inferiores a lo desviado, las penas también son menores a las de un delincuente común, prohibirles trabajar en la administración pública no es ningún castigo porque ya robaron lo suficiente como para querer regresar. Y, aun así tienen la posibilidad de volver a vivir del presupuesto una vez que pasen cinco o diez años como ha sucedido con muchos inhabilitados, que nunca pisan la cárcel, se les prohíbe trabajar, pero a veces sin que su tiempo de castigo termine son habilitados por triquiñuelas y continúan viviendo del presupuesto.

El gremio que más delinque es el que pertenece a la administración pública pero es el menos castigado. Se dan el lujo de tratar como delincuentes a otros gremios que sólo exigen sus derechos.

El caso de Javier Duarte tiene esas mismas características y ante el descalabro financiero de Veracruz su impunidad se muestra con mayor descaro.

El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado acudió a la Secretaría de Hacienda para solicitar un préstamo por 11 mil millones de pesos para cubrir los compromisos económicos del estado durante los 40 días que le quedan a la presente administración.

Es decir, para cubrir la sobrevivencia de un estado como Veracruz urgen 11 mil millones de pesos, cantidad que pareciera ser sólo parte de lo que se le ha adjudicado a Javier Duarte como desvío de dinero.

Porque ahí están los impuestos a hoteleros y restauranteros, el presupuesto de la Universidad Veracruzana, las cuentas alegres de las administraciones de los seis años de gobierno, la creación de empresas fantasma, etc.

En el mejor de los casos a Javier Duarte se le encarcelará, por lo pronto está prófugo y de encontrarlo o no, él gozará de su dinero mal habido desde ahora y durante su estancia en la cárcel y una vez que sea liberado, dentro de algunos años, o tal vez meses.

Todo menos regresar el dinero, pero ya el propio gobernador interino ve que hay muchas posibilidades de que ese presupuesto adicional le sea otorgado al decir que confía en el apoyo de la federación porque hay un gran respaldo de la presidencia.

O sea que todo está previsto para que en un alarde mediático de aplicación de la justicia Javier Duarte sea encerrado en la cárcel, pero esto no implica que regrese el dinero que se llevó a sus bolsillos.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, explicó que esta dependencia requiere de al menos mil millones de pesos para cerrar la administración haciéndole frente a sus compromisos económicos.

La vicepresidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Ana Cristina Ledezma López, del PAN, afirmó que la deuda de Veracruz supera los 180 mil millones de pesos.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, se encontraron deudas que se arrastran desde hace muchos años, sin embargo es la primera vez que el Órgano de Fiscalización Superior reconoce que existen.

La Comisión Permanente de Vigilancia, después de cancelar la sesión tres veces, inició la revisión de la Cuenta Pública 2015 y se encontraron con un daño patrimonial de casi 15 mil millones de pesos y un acumulado de deudas que rebasa los 180 mil millones de pesos.

Algunos de los rubros encontrados son: Un pasivo contingente de 38 mil 300 millones de pesos, que es una cuenta que se debe, pero no se especifica de qué secretarías, a qué proveedores ni por qué concepto, ya que se va a ver reflejada hasta 2016.

También el pago a la empresa Finamed luego de perder el juicio por el incumplimiento de pago por servicios subrogados en hospitales de Veracruz, lo cual asciende a más de 5 mil millones de pesos.

De la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado, la administración de Javier Duarte tomó 6 mil 809 millones de pesos, además de que el IPE tiene un faltante de casi 3 mil millones de pesos.

Se agregan también 8 mil millones de pesos en adeudos de impuestos retenidos a maestros y que no se han pagado a las entidades correspondientes, lo cual es considerado como daño patrimonial.

Más mil 700 millones de pesos de deuda en la Coordinación General de Comunicación Social y 400 millones de pesos de otras dependencias por rubros que son considerados como daño patrimonial y que el Orfis pone como “observación administrativa”.

De lo que se pretendía pagar con el impuesto al 3 por ciento a la Nómina, son 12 mil millones de pesos que se debe a proveedores del anexo único. Por concepto de juicios de resolución de gobierno central se deben mil 363 millones de pesos, más 12 mil 700 millones de pesos por ministraciones pendientes de trasferir.

Asimismo, se deben 2 mil 338 millones de pesos a la Universidad Veracruzan, 6 millones 395 a la empresa Airbus Helicopters, más la suma de lo encontrado en las 2 denuncias penales de empresas fantasmas: una por 645 millones de pesos y otra por 940 millones.

Veracruz recibe un presupuesto de aproximadamente 98 mil millones de pesos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda descuenta de ahí el monto de los ramos en donde haya deuda, por lo que no sabemos cuánto llega en realidad.

Asimismo, Veracruz ha sido vetado en varios programas federales debido a los subejercicios. Se solicitó dinero y éste no se destinó a los programas, “entonces gobierno federal dice: me reintegras. Y además te castigan”, señaló la legisladora.

Además, agregó, se debe tomar en cuenta la basificación aprobada para 7 mil burócratas, lo cual aún no se define pero que generará un impacto de mil 500 millones de pesos en las finanzas del estado. Con lo cual, la próxima administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares se verá muy comprometida.

La deuda bancaria de Veracruz es de 48 mil 183 millones de pesos.

Finalmente, la diputada local consideró que los 11 mil millones de pesos que el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, solicitó a la Secretaría de Hacienda será para el gasto corriente de su periodo y para cubrir los adeudos a los municipios de las participaciones federales.

Veracruz es de los 5 de los estados más endeudados del país. En 2015, Javier Duarte reconoció una deuda total de 44 mil millones de pesos, casi 3 veces mayor a la que recibió. Sin embargo, antes de acabar ese año su gobierno solicitó 2 préstamos bancarios por un total de 9 mil 798 millones de pesos adicionales.

La Secretaría de Hacienda tiene el registro de que durante su administración fueron solicitados al menos 27 préstamos a instituciones crediticias como Banobras la firma Multiva y Banco Santander. Para inicios de 2016, la deuda de la entidad ya era de 45 mil 879 millones de pesos.

El Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, señala que el costo de la deuda del estado se incrementaría en un 794 por ciento, ya que los intereses y la amortización de la deuda que se tenían en 2010 eran de 581 millones, lo que en 2016 sería de 5 mil 200 millones ya que están contratando la deuda a tasas de casi el doble de lo que han logrado otros estados.

Asimismo, durante este año, las calificadoras Fitch y Moody’s bajaron la calificación crediticia de la entidad. Fitch anunció que la medida se debió al aumento súbito de su pasivo circulante, lo que deterioró la liquidez del estado. Moody’s, por su parte, dijo que el principal factor fue que la entidad no presentó su cuenta pública de 2015 ni los informes de los 2 primeros trimestres de 2016.

El nuevo préstamo que Flavino Ríos solicitó ante la Secretaría de Hacienda se sumará a la gran deuda pero Duarte no regresa ni un peso.

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